Cuando todavía resuena en la Gobernación bonaerense la crisis por el decreto que imponía la pena de prisión a quienes publicaran datos del patrimonio de los funcionarios, María Eugenia Vidal dispuso el reemplazo de María Eva Guida, de la Escribanía de Gobierno.

Guida se venía desempeñando desde el último tramo de la gestión de Daniel Scioli. Había asumido a fines de 2014 y en los últimos meses había trascendido que la idea de un sector del gobierno de Vidal era separarla del cargo.

Según trascendió hoy, quien la reemplazará en el cargo será Marcos Rospide, quien llegaría a la Escribanía de Gobierno de la mano del secretario Legal y Técnico, Julio Conte Grand.

El dato no es menor, toda vez que Conte Grand -que responde a un ala del gabinete liderada por Federico Salvai- es sobre quien cargan la responsabilidad del polémico decreto que hizo temblar al gobierno.

Con todo, el abogado se estaría imponiendo en una pulseada para sacar a la Escribanía de la órbita de Justicia.

Durante el primer semestre, Conte Grand y Carlos Mahiques conversaron esa posibilidad, pero no lograron definiciones. Ahora, la salida de este último y la llegada de Gustavo Ferrari allanó el camino y, aunque no existe confirmación oficial, se especula con la posibilidad de que la Escribanía deje de pertenecer a Justicia. La idea sería que pasara a un área que dependa directamente de la Gobernadora.

El rol de la Escribanía no fue ajeno al escándalo del miércoles, cuando trascendió un decreto firmado por la Gobernadora con el que se penaba con hasta dos años de prisión a quienes den a conocer el contenido de las Declaraciones Juradas que presenten los funcionarios provinciales, policías y agentes de servicio penitenciario. En los fundamentos del decreto 647 se dejaba en claro que había sido la Escribanía General de Gobierno quien solicitó hacer la corrección.

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